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COLABORACIONES

ME PONGO DE PIE

Febrero 15, 2023




FEBRERO 15, 2023 CARVAJALBERBER EL REMATE, MÁS COLUMNAS
En el primer evento público donde coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, dio lo que para algunos fue un espectáculo y, para otros, una demostración de dignidad e independencia frente al poder ejecutivo.

Durante la celebración del aniversario de la Constitución de 1917, el 5 de febrero, cuando el presidente hizo su arribo al interior del Teatro de la República la ministra permaneció sentada mientras todos los asistentes se ponían de pie. Y cuando López Obrador terminó su discurso, no aplaudió. Hasta Santiago Creel que también discreparía de Andrés Manuel en su mensaje como presidente de la Cámara de Diputados, palmoteó “por cortesía política”, según dijo.

Para todos los fines, la ministra Piña generó un escándalo mediático que no cesó ni siquiera cuando, al día siguiente, el jefe de Estado dijo a propósito de lo que ocurrió en Querétaro que “eso no se veía antes”.

Como no quedó claro si lo decía con sarcasmo (“yo creo que estaba cansada”) o con admiración (“me llena de orgullo” pensar que no se levantó porque “no quiso pararse”), la prensa corporativa volvió a amarrar navajas entre López Obrador y Piña Hernández al interpretar, como un desdén del mandatario, las palabras en la mañanera del miércoles 8 de febrero: “Para hablar en plata, está por mí de presidenta”.

La verdad es que no lo decía porque él la haya designado u operado para que llegara, sino todo lo contrario. Por primera vez desde el gobierno de Porfirio Díaz, declaró AMLO, el Ejecutivo ya no pone ni quita “a su antojo al presidente de la Corte”.

En otras palabras, sugirió López Obrador, Norma Piña puede hacer los desplantes que quiera en un acto protocolario porque el presidente, al renunciar a tener injerencia en los otros dos poderes, creó las condiciones para que alguien como ella fuera electo.

EL HUEVO O LA GALLINA

Pero hagamos un repaso. En este desencuentro entre los titulares del ejecutivo y el judicial, qué fue primero: ¿el huevo o la gallina?

Desde que era una más de los integrantes del pleno, la ministra Piña se empeñó en demostrar su firmeza a la hora de poner límites al poder presidencial.

Así, votó en contra los proyectos de la 4T cuando la oposición o particulares pidieron a la Corte revisar temas como la reforma eléctrica, el padrón telefónico o la austeridad gubernamental. No obstante, Piña votó a favor de la participación militar en tareas de seguridad pública.

PECADO DE JUVENTUD

Como es sabido, Norma Piña se convirtió en presidenta de la Corte cuando Yasmín Esquivel se volvió políticamente inelegible luego de conocerse que plagió su tesis de licenciatura.

La UNAM determinó el 11 de enero que el texto con el que Yasmín se tituló en la FES Aragón era idéntico al de otro pasante, Édgar Ulises Báez, quien presentó su examen recepcional en 1986 (un año antes que Esquivel) en la Facultad de Derecho.

La explicación con la que la ministra Esquivel quiso zanjar el asunto fue que ella era la autora, pero que su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, le facilitó un borrador del documento a Báez. Como Yasmín no había cumplido aún con el servicio social, se tituló hasta el siguiente año y por eso su otro asesorado aparece como primero en el tiempo.

Rodríguez terminó confesando que ella le prestó el borrador de la tesis original de Esquivel a Báez “y seguramente a otros alumnos más, pero quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran sólo como referencia”.

Su aclaración no fue suficiente, el 18 de enero la Universidad Nacional rescindió el contrato individual de trabajo a la profesora Rodríguez Ortiz “por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales”.

Como especialista en derecho laboral, Martha aseguró que “peleará” con la Autónoma de México por haberla suspendido.

TODO A FAVOR

La opinión pública asumió que Esquivel Mossa era la favorita de López Obrador para encabezar la judicatura federal, por las razones opuestas a las de Piña: votó a favor casi todos los asuntos de interés para el Ejecutivo.

Cuando la elección de Piña se concretó, López Obrador trató de convertir en una victoria moral lo que para sus detractores era una derrota política, diciendo el martes 3 de enero: la elección de alguien que “siempre vota contra nuestras iniciativas” demuestra que “hay autonomía. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar” los opositores.

Para el 20 de enero, ya era notorio que López Obrador no veía la elección de Piña como algo que le diera lo mismo. En un comentario insólito dijo que, con su llegada a la presidencia de la Suprema Corte, los miembros de su gabinete han notado que “se presentan más actos ilegales”.

Reprochó que “seguramente deben de pensar, porque son como gremios, que ahora que ganó la señora Piña… supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara estar sometiendo poderes, como era antes, como ellos estaban acostumbrados”.

LA NOVELA WALLACE

AMLO se refería, por supuesto, a las decisiones que ha tomado Piña para conservar o restituir los privilegios de ciertos personajes del poder judicial muy cuestionados. Apenas electa presidenta, surgió la polémica porque mantuvo como secretario de estudio y cuenta a Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda de Wallace.

El periodista Ricardo Raphael acusó a Pedraza, en su momento, de incurrir en un conflicto de interés al actuar como abogado de la hermana de su esposa y como funcionario judicial en contra de los acusados por el improbable secuestro y asesinato de su sobrino político Hugo Alberto Wallace Miranda.

El 14 de febrero, en entrevista con Julio Astillero, el mismo Raphael de la Madrid adelantó la posibilidad de que, por volverse tan público el tema, la ministra Piña ya hubiese desplazado a Pedraza de su cargo en la Corte, pero dejó la información pendiente de corroborar.

Y luego que, el 22 de enero, Piña Hernández promovió en el pleno la designación de la magistrada Taissia Cruz Parcero como nueva titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) en sustitución de Netzaí Sandoval Ballesteros, renunció el secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, Salvador Leyva Morelos Zaragoza.

En una carta del 2 de febrero que hizo pública en sus redes sociales, Leyva le expresó a Cruz Parcero su temor porque la defensa de los implicados en el “fabricado” secuestro Wallace sea vulnerada, como en administraciones anteriores cuando personal del IFDP “encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a las influencias de personas ajenas a la institución”, escribió en clara referencia a Isabel Miranda.

Leyva le reprochó a Taissia Cruz que le haya pedido que “no atacara” a Abraham Pedraza y que le haya dicho que “no está de acuerdo en que se juzguen ‘delitos’ cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales”, cuando lo que debería indignarle como defensora pública es que alguien pueda pasar 15 años privado de su libertad sin sentencia.

SALES A RELUCIR

De paso, Leyva le notificó a Cruz Parcero que tiene pruebas de que personal del IFDP y él mismo “fuimos espiados con el malware Pegasus” por defender los derechos de Brenda y Juana Hilda, dos de las mujeres a las que Isabel Miranda acusó públicamente (usando los anuncios espectaculares que maneja su empresa) de estar implicadas en la desaparición de Hugo Alberto.

La nueva titular de la Defensoría es, por cierto, esposa de Renato Sales Heredia, el actual fiscal general de Campeche (quien fuera nominado ya por la gobernadora Layda Sansores). Sales fue jefe de la Comisión Nacional de Seguridad en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto y, antes, zar antisecuestros. Pero su gestión más criticada fue como subprocurador de Procedimientos Jurídicos y de Derechos Humanos en el Distrito Federal, cuando formuló la teoría de que la defensora de derechos humanos Digna Ochoa se había suicidado, hipótesis luego refutada por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

EL JUEGO DE LA SILLAS:

Un sector de la comentocracia justificó la conducta de la ministra Piña en Querétaro como una reacción a la descortesía que supuso, por parte del organizador, haber movido los personalizadores que indican el lugar que cada invitado especial debe ocupar en la mesa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, sugirió en una entrevista que esa grosería la hicieron dos veces aparentemente para acomodar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desplazando hacia las orillas de la mesa del presídium a los representantes de los poderes legislativo y judicial.

Fue como “el juego de las sillas”, describió. Y sí, tratándose de un acto republicano, los presidentes de la Corte Suprema, la Diputación Federal y el Senado tendrían que haber flanqueado al titular del Ejecutivo.

FEMINISMO PROGRE

En lo que coinciden detractores y defensores de López Obrador, es que la forma y el fondo en el discurso de Norma Piña supuso un mensaje personal al Ejecutivo.

Algunas voces consideraron probable que el desplante fuera la protesta contra un estadista que no acaba de comprometerse con el feminismo. Pero otras mujeres en la conversación pública no consideran necesariamente feminista a Norma Piña.

Hasta activistas que saludaron su arribo como una jurista que siempre ha sostenido posiciones progresistas en temas ambientales y de derechos humanos, cuestionan que Piña no haya anunciado todavía una agenda feminista para corregir las desviaciones de aquellos juzgadores que se resisten a asumir en sus fallos la perspectiva de género.

La expectativa en ese sentido es alta ya que, antes de ser abogada, Norma Piña fue maestra normalista e hizo estudios de psicología social. Y ya en la Suprema Corte, trabajó de cerca con la Unidad General de Igualdad de Género. Como ministra, Piña encabezó el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, un órgano de alta dirección que representa a las tres instancias que integran el Poder Judicial de la Federación: la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral (TEPJF). Actualmente, ese comité lo preside la ministra Yasmín Esquivel.

JUEGO DE ROLES

Al romper con la exagerada solemnidad que existe en la relación entre los poderes de la Unión, la presidenta de la Corte abrió la ventana por la que entra el aire que refrescará al poder judicial, tan cargado de símbolos como la toga y el mazo.

¿Pero qué pasará cuando los presentes no se pongan de pie al entrar a la sala un juez federal, los magistrados de un tribunal o los ministros del pleno?

Romper las formas no hace automáticamente a la ministra una mujer de izquierda. Su feminismo podría ser meramente liberal como el de muchas que han llegado a ocupar posiciones de poder y materializan la posibilidad de que más mujeres rompan el techo de cristal, pero no luchan por cambiar las condiciones económicas en las que se sustenta el patriarcado.

POR (JODER) PODER

Con todo, la divergencia con López Obrador se mantendrá no tanto porque Norma Piña se resiste a someterse al presidencialismo, sino en la medida que la también presidenta del Consejo de la Judicatura no adopte las medidas de austeridad que el gobierno de la 4T ha venido impulsando.

En un régimen con división de poderes, corresponde establecer la política judicial tanto al ejecutivo como al judicial, cada uno en su ámbito de competencia: la procuración, al primero de estos poderes (por eso, muchos expertos cuestionan la mentada autonomía de la Fiscalía porque es el gobernante quien debería señalar prioridades en los tipos de delito que se deben combatir) y, la administración, al segundo.

Es en estas prioridades en lo que no se ponen de acuerdo el gobierno con la judicatura federal. El 7 de febrero, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, denunció que, entre 2021 y 2023, 10 jueces y siete agentes del Ministerio Público federal liberaron al 53 por ciento de los detenidos por narcotráfico o robo de combustible que habían sido aprehendidos por personal naval. De 264 personas detenidas por alguno de los dos delitos o por ambos, 140 quedaron en libertad.

Cabe recordar que entre López Obrador y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea había un acuerdo para depurar las instancias jurisdiccionales, de ahí la propuesta que hizo el Ejecutivo para que Zaldívar continuara como presidente de la Corte prácticamente hasta el final del sexenio.

Sería muy triste que por un mal entendido concepto de independencia, la ministra Piña se asuma como oposición al gobierno y se proponga preservar los vicios del poder judicial para acreditar que, en sus terrenos, no se realizará la transformación del país.

Nuestro correo electrónico: carvajalberber@gmail.com

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