MEDIDAS CAUTELARES

Marzo 30, 2021

ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal



A la distancia, algunos ven como un error de estrategia por parte de Indira Vizcaíno haber denunciado ante el IEE al diputado Carlos César Farías, por “presuntos actos de violencia política en razón de género, calumnias y actos anticipados de campaña”.
Quiero creer que actuó de buena fe quien le recomendó a la candidata de Morena a la gubernatura, tomar una decisión jurídica que supone renunciar al papel como víctima de acoso que en cierto sentido le beneficiaba, y pasar a la ofensiva. Ser proactiva ante la conducta discriminadora de Farías Ramos, implicó que se desatara el nado sincronizado de la prensa oficialista para presentar a Indira como represora de la libertad de expresión.
Que Vizcaíno ejerce censura es una afirmación absurda de algunos colegas periodistas. La censura la ejerce quien tiene el poder, y ella no es autoridad. Inferir que la petición al órgano electoral para que proteja sus derechos políticos es un adelanto de la supuesta prepotencia con la que actuará una vez que asuma el cargo, es una conclusión desmesurada y malintencionada.
A muchos hombres de la política y de los medios no les resulta fácil entender la razón de género. Son los mismos que todavía no entienden la paridad en la asignación de candidaturas, y que antes no estuvieron de acuerdo con las cuotas de género. Sostienen que los partidos tradicionales dejaron de ser competitivos al tener que integrar, en su planilla electoral, a mujeres sin capital político.
Claro, era más fácil competir por la nominación a un cargo de representación o de gobierno, cuando sólo tenías que pelear los espacios con la mitad del padrón electoral. Hay quienes reniegan porque las mujeres juegan con ventaja, pero no comprenden que estas acciones afirmativas fueron necesarias para garantizar a las ciudadanas piso parejo en un proceso comicial.

PREMURA Y OPORTUNISMO

La misma prensa que se sabe partícipe de una campaña de desinformación en contra de la morenista, acusa a Indira de promover la censura. Pero, al margen de eso, ¿cabe sospechar también del órgano electoral?
La premura y el oportunismo con el que el IEE aprobó el procedimiento especial sancionador que impuso medidas cautelares contra el coordinador de la bancada del PT en el Congreso local, adquieren otra dimensión cuando los efectos de esta sanción se extienden a los medios impresos, electrónicos y digitales que difundieron las palabras injuriosas e infundiosas del diputado Farías.
Que las medidas cautelares se hayan hecho extensivas a los medios que dieron espacio o reprodujeron los dichos del legislador en tribuna, entrevistas o declaraciones, sirvió para estructurar una campaña de propaganda negra en contra de Indira. Y dudo que los consejeros electorales no hayan anticipado eso.

¿CUÁL SORORIDAD?

Hay que considerar varios factores en la decisión de Indira de denunciar a Farías. No falta quién lo ve como arrebato emocional, cuando no un gesto que revela un presunto carácter intolerante. Pero erradicar la violencia política de género es un mandato legal. En Colima se legisló el tema, no a petición de Indira como han querido mostrar algunos columnistas, sino por una adecuación de la norma federal.
En cuanto a la decisión de acudir al IEE, Indira no sólo estaba en su derecho de denunciar a quienes la difaman y la calumnian mediante acciones identificables como violencia política por razón de género, sino que tiene también la obligación moral de acogerse a la protección de los órganos electorales y servir de ejemplo a todas las mujeres que participan en estos comicios.
No me sorprende tanto que, en aras de su libertad de expresión o de su fuero, el diputado Farías reclame su derecho a agredir verbalmente a una mujer. Tampoco que haya organizaciones de periodistas dispuestos a hacerle el juego al abogado. Me extraña que las otras cuatro candidatas a la gubernatura no se hayan pronunciado, por mera sororidad, en apoyo a Indira.
De hecho, algunas de ellas se manifestaron en defensa de una libertad de expresión en abstracto, asumiendo que la puntera en la carrera por la gubernatura es responsable de las consecuencias legales que tuvo para los medios publicar los dichos de Farías. Efectos que por cierto no implican cárcel ni multa para ningún editor o periodista, aunque sí la exigencia de bajar del ciberespacio el contenido censurado.

LIBERTAD MACHISTA

Hablar de ley mordaza cuando se trata de una respuesta a la violencia de género, nos lleva a una discusión tan ociosa como cuando se reclamaba el derecho de la autoridad ministerial a torturar a los detenidos, incluso también a testigos, si eso permitía extraer información útil para acreditar la culpabilidad de un delito.
En este caso de improbable censura, el Instituto Electoral del Estado determinó que Carlos César Farías infringió la ley electoral al incurrir en conductas que son constitutivas de violencia política contra las mujeres por razón de género. Si el imputado considera que el IEE se excedió en su interpretación de los hechos, puede –como ya lo hizo– apelar al Tribunal Electoral del Estado. Y si este confirma la sanción, Farías tendrá que buscar entonces la siguiente instancia.
Como cuando el gremio se manifestó en contra de la versión local de la Ley Olimpia porque, a juicio de varios compañeros, atenta contra la libertad de prensa, los periodistas organizados en este tipo de estructuras corporativas están saliendo nuevamente en defensa del victimario y no de la víctima.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, está limitado por el respeto al derecho de otros, en este caso las mujeres, cuyas oportunidades políticas han sido históricamente restringidas por conductas discriminadoras y, especialmente, expresiones misóginas profundamente arraigadas en nuestra cultura patriarcal.
Por lo demás, la protesta encabezada por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos es partidista y parcial. El presidente de la Fapermex (organización nacional que aglutina a asociaciones regionales como es en Colima el Club de Reporteros) es, al mismo tiempo, secretario de Prensa y Propaganda del PRI estatal.

BAJOS INSTINTOS

Suena tremendo decir que una candidata aplica la ley mordaza, pero el asunto se puede leer desde una perspectiva distinta a la que tiene esa prensa oficialista que evidentemente está jugando en el proceso electoral, aunque presuma de ser neutral, imparcial y apartidista.
Por los avances en la cultura de género, después que por milenios el testimonio de una mujer tuvo menos credibilidad que la de un hombre, hoy, en una confrontación ante una autoridad judicial como pudiera ser una denuncia por violación o acoso, legalmente se le debe creer a la mujer en una situación donde es su palabra contra la del agresor.
Ningún medio se atrevería a decir a estas alturas que las sanciones a un sujeto acusado de abuso sexual coartan su libertad sexual (sus más bajos pero legítimos instintos), ¿o sí?
Y nadie se extrañaría porque los medios que presentaron la historia de una violación, con una narrativa en donde la mujer propició el abuso por su manera de vestir o de comportarse, sean conminados por la autoridad a cambiar esos contenidos, ¿o sí?
La violencia política de género está tipificada y reproducir acríticamente un discurso que replica esta conducta, en aras de la libertad de expresión, no es otra cosa que apología del delito.

NOTICIAS FALSAS

No obstante que su denuncia a Carlos César Farías generó tensiones con aquellos comunicadores que hicieron suyas las conductas del diputado, la semana pasada Indira Vizcaíno hizo un esfuerzo por mantener cordial su relación con los medios.
En Manzanillo se reunió con periodistas, varios de los cuales habían publicado, sobre todo en la etapa de precampaña, acusaciones idénticas a las que profirió Farías. Y el viernes acudió, en calidad de comentarista, a la presentación del libro más reciente del presidente del Club Primera Plana, capítulo Colima, una de las organizaciones que se manifestaron en contra de la decisión del IEE.
Menos sutil y más burda que la maniobra de tirarse al faul por supuesta censura, es la fabricación de fake news como la que publicó el sitio Colima Digital en la que aparece la candidata de Morena anunciando que en esta semana inicia la campaña de vacunación contra el covid en Colima y Manzanillo.
La noticia falsa llevó a publicaciones como Territorio –a sabiendas de que es una mentira, de eso no me queda duda– a escribir que los usuarios de las redes le tundieron a Indira Vizcaíno por hacer un anuncio que no le corresponde, ya que ella no es más representante del gobierno federal ni es tampoco autoridad sanitaria, presentando perfiles falsos como personas de carne y hueso.
La supuesta tunda fue, en realidad, una acción concertada de bots y trolls que suelen servir a los fines de legitimación del gobierno de Nacho Peralta, los mismos que se prestan a esta otra calumnia del uso partidista de la vacunación, como parte de una estrategia para integrar un expediente de supuestos delitos electorales que posibilite la anulación del inminente triunfo de Indira.
El equipo de campaña de Vizcaíno no puede tratar este asunto como un acto jurídico, sino como un acto de propaganda que se debió desmentir inmediatamente. Le urge a la candidata una plataforma de Verificado que exponga todas esas fake news en su contra. La mentira y el engaño serán constantes en lo que queda de esta campaña política.

ADALBERTO CARVAJAL